Un análisis detectó una posible doble contabilización y un rastro en Coinbase que podría reabrir la puerta judicial sobre el origen de los fondos del exvocero.
La investigación que publicó este lunes Hugo Alconada Mon en La Nación pone en jaque el relato que construyó el exjefe de Gabinete para explicar el salto de casi 600.000 dólares en su patrimonio. Según Alconada Mon, especialistas consultados por el matutino detectaron que la versión de Adorni “registra al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil”.
La primera grieta la marcó Fernando Molina, el analista informático que ya había colaborado con el Congreso y la Justicia en la causa $LIBRA: según reconstruyó, Adorni habría declarado dos veces el mismo dinero, contabilizando como ingreso nuevo una venta que en realidad ya figuraba en otra de sus propias wallets. “Es como si contara dos veces la misma venta”, resumió Molina en diálogo con LA NACION.
La segunda inconsistencia mira hacia Coinbase. Una de las operaciones más grandes que declaró Adorni —cerca de 110.000 dólares, en junio de 2017— pasó por ese exchange, que por normativa antilavado mantiene registros que vinculan cada salida de fondos con una cuenta bancaria o un usuario identificado. Eso abre, al menos en teoría, la puerta a que la Justicia pida esa información mediante un exhorto internacional, siempre que la plataforma conserve los datos de hace casi una década y decida cooperar.
Lo que los propios expertos calificaron de inverosímil es la logística que describió el abogado de Adorni, Matías Ledesma: cuatro operaciones concentradas en un solo día —el sábado 5 de agosto de 2017— siempre en la vía pública, con desconocidos, sin identificación de ninguna de las partes. En los hechos, esa versión implicaría haber circulado con el equivalente a 110.000 dólares en efectivo para entregárselos a un extraño en la calle.
Un antecedente que puede jugarle en contra
El propio Molina trazó el paralelismo más incómodo para la defensa: el del caso $LIBRA, donde el juez Martínez de Giorgi aplicó un criterio restrictivo y les negó a los denunciantes la calidad de querellantes porque no pudieron probar que eran dueños de las wallets con las que habían comprado la memecoin. La pregunta que deja picando la nota es si Ariel Lijo, a cargo de la causa Adorni, va a exigir el mismo estándar de prueba sobre la titularidad retroactiva de esas billeteras.
No es la primera vez que la causa toca las criptomonedas
El capítulo cripto de la causa Adorni no arrancó esta semana. Desde mayo, distintos medios vienen reconstruyendo un frente separado y más sensible: movimientos en wallets vinculadas a Binance, Lemon y Tron durante 2024 —cuando Adorni ya era funcionario— que no figurarían en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El fiscal Gerardo Pollicita pidió informes a Mercado Pago, Brubank, Lemon y otras billeteras, además de levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Ese es el punto que conecta ambos frentes: mientras la versión de 2014-2018 busca explicar el origen del dinero antes de que Adorni entrara a la función pública, los movimientos de 2024 detectados por Molina —si se confirman y no fueron declarados— caen directamente bajo la obligación de transparencia que rige mientras se ejerce un cargo público. Ese es el terreno más incómodo para la defensa, porque ahí no alcanza con demostrar procedencia: hay que explicar la omisión.
Seguí leyendo
- Bitcoin, herencia y negro: las tres patas de Adorni ante el juez
- Adorni le escribió a Milei y se fue: la carta de un hombre que dice irse limpio pero acorralado
- Efecto Adorni: los políticos ya tienen a sus contadores planchando las DDJJ para 2027
La Rosca Digital