La city ya lo tiene marcado en el calendario: este lunes 21 de septiembre aterriza en Buenos Aires la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Joyce Wong, para arrancar la tercera revisión del programa vigente. No es un trámite. Es la primera auditoría de peso desde que el Gobierno metió el Presupuesto 2027 en el Congreso y desde que la city empezó a mirar de reojo el resultado de octubre.

Qué van a mirar

Los técnicos del organismo van a poner la lupa sobre tres puntos calientes:

  • Reservas del Banco Central, el talón de Aquiles de todo el programa desde el día uno.
  • El superávit fiscal primario, la marca registrada del Gobierno. El dato que más va a incomodar en la city: en el primer semestre el resultado fue de 0,6% del PBI, por debajo de la meta semestral pactada (0,7%) y lejos todavía del objetivo anual del 1,4% del PBI.
  • El cumplimiento de las medidas comprometidas: la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (previsto para entrar en vigencia el 1° de noviembre), mayor recaudación por impuestos específicos y la focalización de subsidios al transporte.

El resultado de esta revisión —que no es automático: primero negocian los técnicos, después tiene que aprobarlo el Directorio Ejecutivo del FMI— condiciona un desembolso de cerca de US$900 millones, justo en la previa de un pago de capital al propio Fondo por DEG 583,3 millones (unos US$800 millones), que vence el 25 de septiembre. Es decir: Argentina necesita que el Fondo diga que sí para no tener que salir a buscar esos dólares por otro lado, en un contexto donde volver a los mercados voluntarios sigue cerrado (el riesgo país viene oscilando en torno a los 500-525 puntos esta semana, tras la suba de tasas de la Fed).

Por qué esto es política y no solo economía

Leído en clave de gestión pública, el timing no es casual. Milei le pidió al Congreso que blinde la agenda legislativa —reforma electoral, Presupuesto 2027, Malvinas— en la misma semana en que el organismo que financia el programa viene a certificar (o no) que los números cierran. Cualquier gesto de exigencia adicional del Fondo —ya sea sobre el esquema cambiario, sobre reservas o sobre el ritmo del ajuste— es un dato que la oposición y los gobernadores dialoguistas (Pullaro, Llaryora) van a usar en la mesa de negociación por fondos y obras.

Y hay un dato de fondo que conecta esto con la interna peronista: si el Fondo aprieta y el Gobierno tiene que mostrar más ajuste o una corrección cambiaria antes de 2027, eso es oxígeno directo para el relato de Kicillof, que este fin de semana salió a mostrarse como el que “sale a recorrer el país” mientras el círculo rojo de Nación negocia números con Washington.