La rosca no estaba en si Manuel Adorni iba a presentar los papeles. Estaba en cómo iba a explicar lo que los papeles no decían. Y la respuesta llegó el miércoles a la noche, en cámara: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, reconoció el jefe de Gabinete en Mesa Chica (LN+), ante José Del Rio.
Primero, los datos. Adorni confirmó que presentó la declaración jurada 2025 —que vence el 31 de julio— y las rectificativas de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Las correcciones alcanzan además las declaraciones impositivas de los últimos cinco años y el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, por lo que deberá regularizar y pagar los impuestos que correspondan. Todo ocurre mientras la Justicia federal de Comodoro Py —con el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita— lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Las tres patas del relato
La pieza central es cripto. Según la explicación presentada por la Jefatura de Gabinete, entre 2013 y 2018 Adorni y su esposa operaron con ocho billeteras virtuales: invirtieron unos USD 200.000 que, por la suba de la cotización, se transformaron en los USD 513.000 ahora incorporados a las rectificativas. Las claves de esas billeteras funcionarían como prueba de que el dinero es previo a la función pública. A eso se suman las otras dos patas: una herencia y décadas de ahorro informal junto a su esposa.
El contraste con el punto de partida es el corazón del expediente: su primera declaración jurada como funcionario, presentada el 29 de enero de 2024, dibujaba un perfil patrimonial modesto: dos departamentos, unos diez mil dólares en el exterior, 182 mil pesos en cajas de ahorro y 2.400 dólares en efectivo. Del medio millón en negro, ni rastro. Adorni explicó que en la urgencia de fines de 2023 se limitó a copiar sus declaraciones patrimoniales anteriores, y que el error de origen se arrastró toda la gestión. “No soy un chorro”, remarcó.
Hasta acá el dato. Ahora, la lectura.
El problema no es el negro, es la línea de tiempo
La estrategia jurídica es entendible y hasta razonable: en una causa por enriquecimiento ilícito, lo decisivo no es si el ahorro estaba en blanco o en negro, sino si es anterior al cargo. Si la trazabilidad de las billeteras resiste el peritaje, el tipo penal se complica para la fiscalía. El bitcoin es la carta fuerte de esa defensa.
Pero la estrategia política es otra cosa, y ahí el costo es alto. En marzo, el propio Adorni había asegurado en conferencia de prensa que todo lo que debía estar declarado, estaba declarado. Tres meses después, rectificó sus presentaciones. La contradicción no es un detalle: es el corazón del problema de credibilidad. El funcionario que durante dos años fue la voz oficial del “no hay plata” ahora pide que le crean una versión que contradice su propia palabra de hace noventa días.
Hay un segundo flanco: en medio de la denuncia, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal. Él lo minimiza —dice que está lejos de los umbrales de la ley penal tributaria y que solo lo usa para que ARCA le confeccione la declaración—, pero la foto es incómoda: el jefe de Gabinete usando el paraguas normativo que su propio gobierno diseñó, justo cuando la Justicia le mira el patrimonio. Y la causa ya tiene testimonios sensibles: el contratista de las refacciones en el country Indio Cuá declaró bajo juramento haber recibido 245.000 dólares en efectivo y sin facturar.
Si la documentación cripto resiste el peritaje, la causa penal probablemente se desinfle y el episodio quede como un costo reputacional administrable. Si no resiste, o si aparecen movimientos posteriores a 2023 sin explicar, el Gobierno tendrá un problema en el centro mismo de su mesa chica.
Lo que ya no tiene vuelta atrás es lo simbólico: el “ahorramos en negro como todos” puede ser cierto como sociología, pero pronunciado por el número dos del Ejecutivo funciona como admisión de parte de un sistema que el propio oficialismo dice venir a terminar. La pregunta queda abierta: ¿se juzga a Adorni por lo que hizo como privado, o por lo que dijo como funcionario? La causa responderá lo primero. Lo segundo ya tiene veredicto en curso, y no lo dicta un juez.