La Provincia de Buenos Aires emitió esta semana títulos por más de 300 mil millones de pesos para refinanciar vencimientos propios. Licitó dos instrumentos: uno a tasa variable con vencimiento en abril de 2027, por unos 140 mil millones, y otro ajustable por CER con vencimiento en abril de 2028, por algo más de 200 mil millones. No hay plata nueva, hay deuda que se estira. El truco de siempre: patear hacia adelante lo que no se puede pagar hoy.
La operación es técnicamente prolija, pero políticamente incómoda. Kicillof lleva meses explicando que los vencimientos que enfrenta no son suyos —que la deuda la tomó Vidal, que él solo hereda el problema— y no le falta razón en el diagnóstico. La administración anterior tuvo autorización para endeudarse por montos superiores a los 3.500 millones de dólares, y buena parte de esos compromisos caen ahora sobre la gestión actual. El argumento es cierto y también conveniente: sirve para explicar el problema sin tener que resolverlo.
El trasfondo más amplio es el de una provincia que lleva más de un año peleando con la Nación por el permiso para salir a los mercados internacionales. La ley de financiamiento que la Legislatura aprobó en diciembre —tras una sesión de catorce horas— habilitó al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por casi dos mil millones de dólares, pero para emitir deuda en mercados externos Kicillof necesita el aval de Casa Rosada. Ese aval no llegó. Lo que llegó, en cambio, fue la versión criolla del financiamiento: pesos, tasa variable, CER, y la coparticipación como garantía de siempre.
Mientras Córdoba, Santa Fe, CABA y Entre Ríos volvieron a Wall Street y captaron miles de millones de dólares a tasas razonables, la Provincia más grande del país sigue sin acceso al mercado internacional. El gobierno de Milei no le cierra la puerta de un portazo —eso sería demasiado evidente— pero tampoco la abre y sin la firma de caputo sola la deja entornada, que es peor.
La emisión de esta semana resuelve la urgencia. No resuelve nada más.