El intento de cerrar el dictamen del Presupuesto chocó con los reclamos de los aliados. La estrategia territorial de Karina Milei agrega otra tensión: el Gobierno necesita hoy los votos de dirigentes a los que pretende disputarles el poder en 2027.
Martín Menem quiso asegurar el dictamen del Presupuesto 2027 antes de que el calendario y las negociaciones electorales complicaran todavía más los acuerdos. No pudo. Los bloques aliados mantuvieron sus objeciones y la firma prevista para este miércoles quedó postergada. El PRO exige incorporar compromisos con la Ciudad de Buenos Aires, mientras radicales y provinciales reclaman respuestas sobre universidades, discapacidad y recursos para sus distritos. La dificultad del presidente de Diputados es concreta: necesita convertir conversaciones políticas en compromisos escritos que sus interlocutores estén dispuestos a defender. La predisposición a acompañar al Gobierno ya no alcanza para completar las firmas.
El macrismo llevó a la mesa pedidos sobre coparticipación porteña, combustibles, financiamiento de la Ciudad y controles sobre las concesiones viales. Son demandas con efectos fiscales y territoriales, presentadas por un partido que también negocia su relación electoral con La Libertad Avanza. Para Menem, incorporar modificaciones puede ser el precio necesario para aprobar la ley. Para quienes deben autorizar esas concesiones desde el Ejecutivo, cada cambio afecta el programa económico o distribuye recursos entre socios que conservan proyectos propios. El problema aparece cuando el negociador parlamentario necesita ofrecer certezas que la conducción del Gobierno todavía no está dispuesta a conceder.
La participación de Karina Milei en ese entramado introduce una prioridad adicional: fortalecer al partido antes de cerrar alianzas. La conducción libertaria mantiene candidatos provinciales y posterga entendimientos con gobernadores, con la expectativa de negociar en mejores condiciones durante los próximos meses. Esa decisión preserva capacidad de competencia para La Libertad Avanza, pero también modifica los incentivos de sus interlocutores. Un mandatario al que le piden respaldo legislativo mientras le preparan un rival tiene razones para exigir garantías antes de acompañar. El vínculo puede sostenerse, aunque cada acuerdo empieza a necesitar más precisiones.
La reforma electoral expone esa tensión con mayor claridad. Dentro del oficialismo conviven la apuesta a sostener condiciones y la necesidad de conceder para conseguir votos. Karina concentra la construcción partidaria; Patricia Bullrich debe administrar en el Senado los límites de esa estrategia. Mientras tanto, la eliminación de las PASO sigue trabada y la Justicia electoral reclama previsibilidad antes de entrar en el año de las elecciones. El tiempo que la conducción partidaria considera útil para mejorar su posición puede convertirse, para quienes cuentan votos, en una oportunidad perdida.
El cruce entre ambas discusiones permite leer el límite del método. La demora presupuestaria tiene reclamos concretos y varios responsables; atribuirla exclusivamente a Karina simplificaría una negociación más compleja. Pero la tensión política está a la vista: el oficialismo intenta reunir una mayoría para gobernar mientras se expande sobre los territorios de quienes integran esa mayoría. Menem participa de esa conducción y debe administrar sus consecuencias en Diputados. Karina busca llegar fuerte a la próxima negociación; Menem necesita que la negociación actual termine en una votación. Si mantienen su tesitura respecto a los aliados, serán únicos territorialmente pero no contarán con un presupuesto en el año más difícil de su gestión.
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