La posible caída del DNU 70 puede llevar al Gobierno a una situación que hasta hace poco parecía cerrada: volver a discutir buena parte de la desregulación con la que Javier Milei arrancó su gestión.
El Senado rechazó el decreto en 2024. Si Diputados hace lo mismo, el DNU queda derogado. Pero ahí aparece el problema más grande: determinar qué queda vigente después. El decreto no solamente modificó normas. También derogó leyes completas. Entre ellas aparecen la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, partes del Compre Argentino, regímenes industriales, restricciones sobre tierras rurales y numerosas regulaciones comerciales.
Una interpretación sostiene que, al desaparecer el DNU, varias de esas leyes recuperan vigencia. Otra dice que una norma derogada no revive automáticamente y que será necesario reconstruir el marco legal caso por caso. Esa diferencia vale mucho más que una discusión entre constitucionalistas.
Para los gobernadores, la caída del decreto puede devolver poder de negociación. Varias provincias perdieron con la desregulación herramientas ligadas a promoción industrial, producción local, compras públicas y protección de determinadas actividades regionales.
Si algunas de esas normas vuelven a escena, los gobernadores pueden sentarse nuevamente con Nación a discutir excepciones, nuevos regímenes y beneficios sectoriales. No necesariamente quieren volver al esquema anterior. Quieren recuperar una ficha que habían perdido.
El Gobierno está del otro lado. Federico Sturzenegger necesita evitar que se vuelva a abrir todo el paquete regulatorio que viene desmontando desde 2023. Porque aun cuando muchas reformas sobrevivan, la caída del DNU permitiría cuestionar nuevamente cambios que la Casa Rosada consideraba consolidados.
También tienen mucho para perder los sectores que ya acomodaron sus negocios a las nuevas reglas. Las prepagas, el mercado inmobiliario, el comercio, las aerolíneas y distintos sectores exportadores vienen funcionando hace casi tres años bajo un régimen diferente. Volver simplemente a diciembre de 2023 tampoco sería sencillo.
Por eso es difícil imaginar una restitución automática de todo lo anterior.
La Ley de Alquileres muestra bien el problema. Aunque jurídicamente pueda discutirse qué régimen quedaría vigente, políticamente hay pocos interesados en restaurar exactamente el sistema anterior. Algo parecido ocurre con Góndolas y otras regulaciones que incluso sectores opositores consideran agotadas.
Y hay reformas que directamente ya siguieron otro camino. Parte de los cambios laborales contenidos originalmente en el DNU fueron judicializados y luego retomados por leyes posteriores. Ahí ya no alcanza con tirar abajo el decreto para volver al punto de partida.
La discusión, entonces, será bastante menos prolija.
No se vuelve exactamente a diciembre de 2023, pero tampoco queda todo como está. Si cae el DNU 70, Gobierno, gobernadores, empresas y oposición tendrán que definir qué sobrevive, qué vuelve y qué necesita una nueva ley. En varias áreas, la desregulación que Milei había resuelto por decreto podría terminar negociándose nuevamente en el Congreso.
Y esa puede ser la consecuencia política más importante: el Gobierno pierde la ventaja de haber fijado las reglas de una sola vez y vuelve a depender de mayorías para conservarlas.
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