Con la derogación de la ley 14.836 trabada en la Legislatura, la Justicia aparece como única salida para 80 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que esperaban resolver con una ley, que beneficia a todos sin que nadie firme nada, pasaría a depender de un pedido personal.
El problema de fondo
En el entorno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires se esperaba subirse al beneficio sin pagar el costo: que la Legislatura derogara el límite de la ley 14.836 y que ninguno tuviera que pedir nada.
Esa salida no avanza. Sin ley, el camino que queda es la cautelar o el amparo, y ahí cada intendente tiene que presentarse a pedir la excepción.
Por qué los expone
Una ley la vota la Legislatura. Una cautelar la firma el intendente, y su pedido queda a la vista de los vecinos y de los rivales.
Esos rivales pueden presentarlo como un intento de perpetuarse en el cargo.
El costo no es parejo. Para el peronismo, que ya plantea el límite como una proscripción, ir a tribunales encaja con su discurso, y una presentación colectiva diluye la exposición.
Para los radicales el cálculo es más delicado. Hay más de una decena entre los 80 y a muchos les sirve conservar la intendencia, pero no tienen una postura única. Un pedido individual los deja solos frente a su electorado.
El contexto
2016: la ley 14.836, impulsada por Vidal y el Frente Renovador, modificó el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y limitó la reelección de intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares a un solo período consecutivo.
2021: la ley 15.315 modificó el artículo 7 de la 14.836 y contó como primer período los iniciados en 2017 y 2019. Habilitó a unos 90 intendentes a ir por otro mandato en 2023.
Hoy: quienes ganaron en 2023 no pueden presentarse en 2027. Son 80 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el peronismo como el espacio más afectado y una porción importante de radicales.
Por qué no hay derogación
El proyecto de la senadora Ayelén Durán, que elimina el límite, está en el Senado sin dictamen desde 2025. Kicillof y Bianco lo respaldan, pero faltan los votos: el Frente Renovador y La Libertad Avanza lo rechazan y La Cámpora no quiere una discusión acotada a las reelecciones. En el peronismo bonaerense, la Liga de intendentes busca su propia lapicera y la interna con el massismo sigue abierta.
Lo que se analiza en la Justicia
Según se informó, varios intendentes evalúan plantear la inconstitucionalidad de la ley 14.836 antes de que cierre el calendario electoral. Habría un borrador de presentación colectiva ante la Suprema Corte bonaerense.
Hay un antecedente. En 2021, un juez contencioso administrativo suspendió cautelarmente el artículo 7 de la ley para una concejala. El fallo regía solo para ella, no resolvía el fondo y era apelable.
Los riesgos jurídicos
La Corte Suprema nacional tiene una línea de fallos contra la reelección indefinida en las provincias, y el caso de Formosa reavivó las alertas.
En 2023, el Procurador General entendió que estos planteos deben resolverse primero en la justicia provincial.
Sobre los casos dudosos de cómputo no hay pronunciamiento de la Suprema Corte bonaerense: la Junta Electoral mantiene hoy el criterio de la ley y la definición podría llegar al oficializar las listas, con poco margen para apelar.
Mientras tanto
Los intendentes arman sucesores, muchas veces familiares o gente de máxima confianza, y buscan lugares en las listas legislativas. Es una señal de que muchos no confían en que la ley cambie.
Ni siquiera la derogación cerraría el frente judicial. Tras el fallo de la Corte sobre la reelección de Insfrán en Formosa, se advirtió que, aun con la ley 14.836 modificada, podrían surgir objeciones en tribunales contra quienes vayan por otro mandato.
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