En las áreas técnicas de ANSES circula un borrador de reforma previsional que podría cambiar radicalmente las condiciones de acceso a la jubilación. El esquema prevé subir la edad mínima para los hombres de forma gradual: 66 años en 2027, 67 en 2028 y 68 en 2029, con proyección de llegar a 70. Para las mujeres, se estudia una equiparación progresiva desde los 60 actuales hasta los 65. Los 30 años de aportes no se tocarían.
El proyecto también eliminaría el adicional por aportes excedentes, un plus de hasta 1,5% por cada año trabajado por encima del mínimo, con tope en 15 años. Para quien aportó toda su vida, eso puede significar hasta 22,5 puntos porcentuales menos en el haber final. Y hay un punto todavía más sensible: la eliminación de la pensión por viudez para los nuevos casos, una medida que hoy beneficia a más de un millón de personas y que generaría una tormenta política si se confirma.
Los números del sistema explican por qué el Gobierno quiere mover el tablero. Hay 7,44 millones de jubilados y pensionados creciendo al 2% anual, frente a 12,85 millones de trabajadores registrados y una informalidad laboral del 42%. El sistema necesita tres activos por cada pasivo para ser sustentable; la Argentina está lejos de eso. Para colmo, el 68% de los actuales jubilados accedió al beneficio por moratoria, sin completar los 30 años de aportes. El gasto previsional ya representa el 46% del gasto primario del Estado y equivale al 10% del PBI.
El síntoma más elocuente es otro: a fines de 2025 había 453.000 jubilados trabajando, el doble que en 2010. Jubilarse, para muchos, ya no alcanza para vivir.
El Gobierno quiere primero aprobar la reforma laboral —para sumar aportantes— y después encarar la previsional. También sabe que en un año electoral lanzar una reforma que retrasa la jubilación tiene un costo político alto. Por ahora no hay proyecto formal en el Congreso, pero la discusión ya está abierta.
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