El monotributo nació para simplificar. Pero en 2026 la palabra que circula es otra: recategorización de oficio. ARCA empezó a cruzar datos de billeteras virtuales con lo declarado y, cuando ve “inconsistencias”, mueve de escala o excluye. El mail llega. El contador se activa. Y la clase media siente que la están auditando por usar su propia plata.
El mecanismo es claro: acreditaciones informadas por fintech (2024–2025) contra facturación declarada. Si no cierra, se dispara el ajuste automático y corre el plazo para apelar.
El Gobierno lo vende como orden fiscal y combate a la evasión. En Diputados, la oposición peronista —con voces como la de Guillermo Michel— empuja un freno temporal a las recategorizaciones basadas en billeteras, con un argumento que pega: no todo movimiento es venta (transferencias propias, devoluciones, préstamos).
En el medio queda el monotributista que cobra por app, paga por app y ahora explica por app.
No es solo técnica tributaria. Es clima social. En un país donde el celular es caja registradora, banco y billetera, la fiscalización digital masiva tiene costo político.
La nueva AFIP no te pregunta cuánto vendés; te mide cuánto movés.
¿Es orden necesario o torpeza con la clase media formal? ¿Quién capitaliza esta bronca?
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