Después de las ofertas por AySA, el Gobierno acelera nuevos procesos para transferir empresas y activos estatales. Belgrano Cargas, ENARSA e Intercargo integran la agenda que viene.
Javier Milei puso en marcha una etapa decisiva de su programa de privatizaciones. La oferta de US$340,2 millones por el 90% de AySA, presentada por un consorcio encabezado por Rowing, dejó encaminada la principal operación hasta el momento. Todavía restan pasos formales para completar la adjudicación y transferencia, pero el Gobierno ya prepara los siguientes movimientos.
Belgrano Cargas aparece entre las operaciones de mayor alcance. El Ejecutivo impulsa la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, fundamentales para transportar producción desde distintas provincias hacia los puertos. En paralelo, ENARSA prepara la venta de participaciones estatales en centrales termoeléctricas, mientras Intercargo espera una nueva oportunidad después de que su primera licitación terminara sin ofertas válidas.
Detrás de cada expediente aparecen intereses diferentes. Las empresas ferroviarias necesitan inversiones en vías y material rodante; las generadoras eléctricas operan en un mercado regulado; Intercargo presta servicios aeroportuarios y AySA abastece de agua y cloacas a millones de usuarios del AMBA. No alcanza con comparar cuánto recibe el Estado por cada operación: también importan las tarifas, la competencia, los trabajadores, las obligaciones de inversión y la fiscalización de los contratos.
La Ley Bases le dio al Ejecutivo herramientas para avanzar, pero las privatizaciones no terminan con la firma de una venta. El Estado conserva responsabilidades regulatorias y deberá controlar que los nuevos operadores cumplan sus compromisos.
La nueva etapa no importa quién compra. Es quien controla, quién invierte y qué resultados recibe la sociedad.
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