19 de agosto de 2026
José Mayans y Germán Martínez presentaron esta semana ante la Justicia el pedido para que Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Diego Sagasti y Mariano Recalde continúen en sus bancas del Consejo de la Magistratura. La vía fue una cautelar dictada por el juez Alejo Barroetaveña, que habilitó discutir esa continuidad justo antes de que el organismo renueve autoridades.
No es un trámite menor. El Consejo de la Magistratura selecciona, evalúa y puede remover jueces federales. Retener cuatro asientos ahí significa incidencia directa sobre expedientes que a Cristina Kirchner le importan, sin depender de ninguna elección.
El momento elegido no es casual. La Corte Suprema acaba de fijar por su cuenta un presupuesto de $495 mil millones para 2027 e impugnó los techos que le había puesto Economía, según reconstruyó La Rosca Digital. Todo el Poder Judicial está reacomodando posiciones antes de un año donde va a cruzarse todo el tiempo con la política.
Cristina cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. No tiene proyección electoral propia. Por eso cada movimiento suyo pesa distinto: no compite por votos, compite por resortes que no se pierden en una interna ni se negocian en una boleta.
El peronismo bonaerense, mientras tanto, sigue sin cerrar su fórmula 2027. Intendentes del interior le reclaman a Axel Kicillof un lugar en la vicegobernación, según reportó Letra P esta semana. En ese contexto, Cristina eligió un terreno donde gana sin pedirle permiso a nadie del armado bonaerense.
La resolución de estos pedidos de reelección va a funcionar como primer termómetro de peso institucional del año que arranca. Y llega justo cuando el PJ bonaerense —como mostró La Rosca Digital al repasar el futuro del Pichichi y la interna por las sillas de poder— todavía no define su mapa hacia 2027.