5 de agosto de 2026
Hay decisiones que parecen contables y son, en realidad, un mensaje. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó este martes su Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2027 en $495.049.855.166. El número, publicado en el Boletín Oficial a través de la Acordada 18/2026 firmada el 3 de agosto, no es el titular. El titular está en la letra chica: el tribunal impugnó los “techos presupuestarios” que le comunicó la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y los declaró, con todas las letras, insuficientes.
En el mileísmo, el terreno más sensible es la plata. Y ahí eligió la Corte pararse.
Un número que dice más de lo que aparenta
El monto para 2027 quedó casi 31% por encima, en términos nominales, del presupuesto que el propio tribunal se había fijado un año atrás para 2026 —$378.087 millones, vía Acordada 26/2025—. Es una suba nominal, atada al ritmo de precios, pero el gesto de fondo es otro: la Corte no ajustó a la baja ni se acomodó a los límites que le marcó el Palacio de Hacienda. Al revés, pidió más. Reclamó que le incorporen los remanentes de recursos de ejercicios anteriores y reiteró su pedido de plena autonomía presupuestaria, amparándose en la autarquía financiera que le garantiza la Ley 23.853.
Es exactamente el reverso del relato oficial. Mientras el Gobierno hace del superávit fiscal una bandera —y lo lleva incluso a la arquitectura del Banco Central, con la reforma de la Carta Orgánica que Milei anunció por cadena nacional—, el Poder Judicial le devuelve la pelota: los recursos que baja Economía no alcanzan.
El detalle que revela la pulseada institucional
Hay un movimiento en la acordada que un lector distraído pasa por alto y que concentra toda la rosca: la Corte aprobó su presupuesto de manera directa, sin esperar la aprobación de previsiones por parte del Consejo de la Magistratura. Es decir, no tercerizó la decisión ni la dilató. La tomó ella, sola, y la publicó.
En clave institucional, eso es un músculo. El máximo tribunal —que hoy funciona con integración reducida y adoptó la medida invocando sus propias reglas de quórum— eligió no quedar a merced de los tiempos ni del filtro del Ejecutivo. Blindó su número y lo dejó por escrito en el Boletín Oficial, que es el lugar donde las decisiones dejan de ser conversaciones de pasillo y se vuelven acto de gobierno.
La resolución también subraya el financiamiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), el área que interviene en las causas más sensibles del sistema. No es un detalle menor: es la parte del Poder Judicial que toca directamente el negocio de la seguridad y del crimen organizado, y ponerla en el centro del reclamo de fondos es también una manera de decir de qué depende que esas causas caminen.
Qué mirar de acá en adelante
El próximo capítulo es previsible: la discusión pasa al Congreso, donde el presupuesto se vota. Y ahí el oficialismo tiene margen para usar la pulseada de los fondos como herramienta de presión sobre la Justicia. Es la misma lógica de recursos escasos y disciplina fiscal con la que Milei ordena todo su esquema económico, esa política obligada a pagar por el déficit que atraviesa cada decisión de la Casa Rosada.
El telón de fondo es el que ordena toda la lectura política del momento: el horizonte 2027. En ese tablero, la Corte acaba de mover una pieza. No con un fallo resonante ni con una audiencia pública. Con una planilla de presupuesto. Que, leída entre líneas, es una declaración de independencia.