Javier Milei anunció este martes que el miércoles enviará al Congreso una reforma electoral con tres ejes que no fueron elegidos al azar: eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y ficha limpia. El mensaje salió por X, desde Israel, con la estética clásica del mileísmo: casta, bolsillo ajeno, corruptos afuera y épica moral. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, cerró el Presidente. Ese fue el título del anuncio; también el tono del movimiento político que hay detrás.
El proyecto no busca solo cambiar reglas: busca cambiar la conversación. Al meter todo junto en un mismo combo, el Gobierno no discute apenas reglas electorales: vuelve a ordenar la conversación pública alrededor de un esquema que le rinde. De un lado, “la gente”; del otro, “la política”. De un lado, el ajuste moral; del otro, los privilegios. Eliminar las PASO le habla al votante que las ve como un gasto inútil, tocar el financiamiento refuerza la idea de que la política vive de arriba, y ficha limpia funciona como gesto simbólico para dejar a media dirigencia a la defensiva.
Qué dice, punto por punto
El proyecto, según trascendió del último cónclave de la mesa política —la que integran Karina Milei, Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque libertario en el Senado Patricia Bullrich—, tiene cuatro capítulos.
El primero, el más pesado, es la eliminación de las PASO. En la propia Casa Rosada reconocen que, si no consiguen los votos para derogarlas, van por la suspensión para 2027, como ya se hizo antes. No es un detalle menor: las primarias son un instrumento que buena parte de la oposición necesita precisamente porque está desordenada. Para el peronismo, el radicalismo, el PRO y el nuevo armado de gobernadores de Provincias Unidas, las PASO son el mecanismo para dirimir internas sin romperse en público.
El segundo es el financiamiento. La idea del oficialismo es doble: eliminar o recortar el aporte estatal a las campañas y, al mismo tiempo, liberar (o flexibilizar al máximo) los topes a los aportes privados. El argumento de venta es conocido: “se termina la política viviendo de tu bolsillo”. El contraargumento, ya instalado por quienes estudian el sistema electoral, apunta a dos riesgos: la opacidad que introduce el financiamiento privado sin regulación fina, y el efecto sobre los partidos chicos, que sin piso estatal quedan directamente afuera de la cancha.
El tercero es ficha limpia, que busca impedir que personas con condena en segunda instancia por delitos dolosos —en la práctica, de corrupción— puedan ser candidatas. Es el capítulo más simbólico y, al mismo tiempo, el más cargado de historia reciente.
El cuarto, menos publicitado pero no menor, es un rediseño de la Boleta Única de Papel —ya vigente en la última elección— y nuevas exigencias para la personería jurídica de los partidos. Ese último punto, técnico, tiende en la misma dirección que el del financiamiento: achicar el universo de fuerzas competitivas.
Ficha limpia, el fantasma de mayo del año pasado
Para entender por qué ficha limpia aparece ahora embolsado en el mismo proyecto con las PASO, hay que volver a mayo de 2025. En esa sesión, el Senado rechazó el proyecto impulsado por la diputada Silvia Lospennato (PRO) por 36 a 35, a un voto de la mayoría absoluta que requería. Los que voltearon la ley fueron los dos senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que horas antes habían dicho que la acompañarían. Responden al cacique provincial Carlos Rovira. Días después, en una reunión partidaria en Posadas, Rovira felicitó en persona a los dos senadores por su voto. En la Renovación misionera sostienen hasta hoy que la ley era una “artimaña electoral” de la dirigencia porteña para proscribir a Cristina Kirchner y empujar candidaturas del PRO.
El dato clave, y el que explica la jugada de Milei, es que desde ese mismo momento circuló la versión —confirmada más tarde por el propio entorno de Rovira— de que el pedido de cambio de voto había salido de la Casa Rosada. El Presidente lo negó en aquel momento, pero la sospecha nunca se disipó: al Gobierno le servía más el rechazo que la sanción, porque una ficha limpia aprobada hubiera sido capitalizada por el PRO en plena campaña porteña.
Un año después, el contexto cambió. Cristina Kirchner ya enfrenta una condena firme. El PRO perdió volumen propio: casi cinco de sus diputados pasaron al bloque libertario en noviembre, y Patricia Bullrich desplazó a Ezequiel Atauche como jefa de la bancada oficialista en el Senado. Ahora, la ficha limpia ya no es un trofeo ajeno: el Gobierno la usa, según filtraron desde la mesa política, como “anzuelo” para arrastrar a los bloques opositores que la reclaman —radicales, PRO, sectores provinciales— hacia un paquete más grande que incluye lo que de verdad les interesa: las PASO.
Los números del recinto
El otro dato que ayuda a leer la jugada es el del Congreso actual. Tras las legislativas de octubre de 2025, La Libertad Avanza se convirtió en primera minoría en Diputados con 95 bancas y quedó como segunda minoría en el Senado con 21. Sumado al PRO y aliados provinciales, el oficialismo viene mostrando pisos de 130 votos en Diputados y de 40 en el Senado en las leyes grandes del verano. La Reforma Laboral pasó Diputados por 135 a 115; el Presupuesto 2026 se aprobó en el Senado con 46 votos.
Pero una reforma electoral no se vota con mayoría simple: necesita mayoría absoluta de cada cámara. En el Senado son 37 sobre 72. Es exactamente la barrera que hizo caer la ficha limpia en mayo pasado. Y ahí aparece el problema real del oficialismo: los números para las leyes comunes no alcanzan para las electorales. Por eso el proyecto entra —según confirmaron desde el entorno de Menem y Bullrich— con la idea de negociar en paralelo con gobernadores, radicales y lo que queda del PRO en el Senado, y con un plan B abiertamente admitido en la Casa Rosada: si no se pueden eliminar las PASO, suspenderlas otra vez para 2027.
La rosca de fondo
Ahí está el movimiento. El oficialismo necesita que el Congreso discuta en su cancha. Que el resto quede explicando por qué sí o por qué no a temas que, narrados así, suenan casi imposibles de rechazar sin pagar costo. Más que una reforma técnica, esto parece un movimiento para recuperar centralidad, reagrupar a los propios y obligar a toda la oposición a jugar un partido incómodo: si votás en contra de la ficha limpia, defendés a los corruptos; si votás en contra del cambio de financiamiento, defendés la casta; si votás en contra de eliminar las PASO, defendés el gasto que sufre “la gente”.
Pero el cálculo tiene grietas. Las PASO le rinden electoralmente a la oposición desordenada, y el peronismo y Provincias Unidas no tienen por qué regalarlas. Ficha limpia, con el antecedente de Rovira fresco, va a volver al Senado con los mismos actores provinciales en la mira. Y el cambio de financiamiento expone al oficialismo a una discusión incómoda: en un gobierno que ya arrastra sospechas sobre sus propios vínculos con aportantes privados, habilitar el aporte privado sin techo es el tipo de debate que no se gana solo con épica.
Milei entendió algo hace rato: en la Argentina de hoy, muchas veces una reforma empieza mucho antes del recinto. Empieza cuando alguien logra que todos hablen con sus palabras. El miércoles el proyecto entra al Congreso. El partido que importa, el de instalar el clima, ya arrancó.