Mientras la polémica por el pendrive y las rectificaciones en sus declaraciones juradas continúa creciendo, el jefe de Gabinete enfrenta críticas que llegan desde la oposición, desde los aliados parlamentarios e incluso desde sectores del propio oficialismo.
El caso comenzó con las inconsistencias detectadas entre su patrimonio declarado y su nivel de gastos. La situación escaló cuando aparecieron explicaciones complementarias, documentación presentada de manera tardía y la famosa referencia al pendrive que terminó convirtiéndose en símbolo de una defensa que nunca logró cerrar las dudas. Finalmente, Adorni admitió la existencia de más de medio millón de dólares que no figuraban en declaraciones previas y argumentó que provenían de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas realizadas años atrás.
La oposición encontró allí una oportunidad para avanzar. Diputados y senadores de distintos bloques impulsaron pedidos de informes, intentos de interpelación y reclamos públicos para que el funcionario brindara explicaciones más detalladas. El peronismo, la Coalición Cívica y sectores dialoguistas coincidieron en cuestionar la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
Pero el problema para Adorni dejó de ser exclusivamente opositor.
Primero llegó Victoria Villarruel. La vicepresidenta pidió explicaciones, reclamó transparencia y cuando conoció la versión final de los hechos fue todavía más dura. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó públicamente. Más tarde remató la polémica con una ironía sobre un “pendrive mágico”, en una referencia directa al caso.
Después aparecieron los aliados. Patricia Bullrich fue una de las dirigentes que reclamó públicamente la presentación de la declaración jurada. Con el correr de las semanas, dentro del oficialismo comenzó a instalarse la idea de que el caso estaba afectando políticamente al Gobierno. Incluso en el entorno libertario creció el malestar por el costo que implica sostener la defensa permanente del funcionario.
Mientras tanto, en la Casa Rosada comenzaron a multiplicarse las señales de desgaste. Según reconstruyó Infobae, varios integrantes del Gobierno ya consideran que Adorni se transformó en un problema político. La ausencia de respaldos internos contrasta con la decisión de Javier Milei, que mantiene una defensa cerrada de su jefe de Gabinete y rechaza cualquier posibilidad de desplazarlo. El Presidente decidió asumir personalmente el costo político de sostenerlo.
Esa es quizás la principal novedad de la crisis. Ya no se trata únicamente de una investigación patrimonial ni de una discusión sobre declaraciones juradas. El caso se convirtió en una prueba de autoridad para Milei. Cada nuevo cuestionamiento a Adorni es también un cuestionamiento a la decisión presidencial de mantenerlo en el cargo.
Por eso la foto política es llamativa: la oposición pide respuestas, los aliados presionan, Villarruel lo cuestiona, Bullrich marca distancia y dentro del propio oficialismo aparecen señales de agotamiento.
Todos contra Manuel.
O casi todos.
Porque, por ahora, todavía le queda Javier Milei, que es en el fondo el mas perjudicado.