La moción de censura volvió al centro de la escena política tras el pedido de sesión especial que un grupo de diputados opositores presentó para el martes 23 de junio, con el objetivo de avanzar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata del único instrumento que la Constitución le da al Congreso para destituir al ministro coordinador por razones estrictamente políticas, sin necesidad de probar un delito.
Es una herramienta que existe desde hace tres décadas, pero que nunca terminó en la remoción de un jefe de Gabinete. Por eso, cada vez que se la invoca, vuelve la misma pregunta de fondo: ¿alcanza para echar a un funcionario o es, sobre todo, un gesto político?
Qué dice la Constitución
El mecanismo está previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. La norma obliga al jefe de Gabinete a concurrir al Congreso al menos una vez por mes y, en su segundo párrafo, habilita su remoción. El texto establece que el funcionario puede ser interpelado “a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras” (Constitución Nacional, art. 101, texto oficial publicado por el Congreso de la Nación).
El jefe de Gabinete es el único integrante del gabinete que puede ser desplazado por esta vía. El resto de los ministros, el presidente y el vicepresidente solo pueden ser removidos mediante juicio político.
Dos etapas y dos mayorías distintas
El procedimiento tiene dos tramos, y cada uno exige una mayoría diferente, según detallan la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados y el sitio de verificación Chequeado.
La primera etapa es la interpelación. Alcanza con que una sola Cámara la apruebe por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros: 129 votos en Diputados, sobre un total de 257, o 37 en el Senado, sobre 72. En esa instancia, el jefe de Gabinete es citado al recinto para responder preguntas y defender su gestión.
La segunda etapa es la remoción propiamente dicha. Y ahí la valla es mucho más alta: requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las dos Cámaras. Es decir, no basta con Diputados; el Senado también debe acompañar. Recién con ese doble respaldo el funcionario queda removido del cargo.
En qué se diferencia del juicio político
Aunque suelen mencionarse juntos, son procesos distintos. El juicio político apunta a evaluar “mal desempeño” o la comisión de delitos, alcanza al presidente, al vicepresidente, a los ministros y a los jueces de la Corte Suprema, y tiene un trámite largo: la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga, con mayorías agravadas de dos tercios.
La moción de censura, en cambio, no busca determinar responsabilidad penal ni probar una ilegalidad puntual. Como explica Chequeado, se trata de un retiro de la confianza política: basta una decisión del Congreso respaldada por la mayoría absoluta, sin necesidad de acreditar un delito. Es, en los hechos, una herramienta más rápida y más política que judicial.
Qué puede pasar el 23 de junio
La sesión especial pedida por la oposición todavía no garantiza nada. Para abrir el recinto se necesita la presencia de 129 diputados. Y como ninguno de los proyectos presentados cuenta con dictamen de comisión, su tratamiento sobre tablas requiere una mayoría especial de dos tercios, según consignó LA NACION. Si esos votos no aparecen, los proyectos se giran a comisión y la discusión se posterga.
Hay un dato adicional que relativiza el efecto inmediato de la jugada: aun en el escenario de una remoción, el presidente conservaría la facultad de volver a designar a la misma persona en el cargo, según señala Chequeado. El proceso no inhabilita al funcionario; solo retira la confianza política del Congreso en ese momento.
CONTEXTO. La moción de censura es el mecanismo del artículo 101 de la Constitución, sumado en 1994, que permite al Congreso remover al jefe de Gabinete por razones políticas, sin probar un delito. Requiere dos pasos: una interpelación, que puede aprobar una sola Cámara por mayoría absoluta, y la remoción final, que exige esa misma mayoría en ambas Cámaras. La oposición la activó contra Manuel Adorni después de que el funcionario admitiera públicamente haber ocultado al fisco al menos US$500.000, en contradicción con lo que había declarado en abril ante el propio Congreso. Desde su incorporación a la Constitución, el instrumento nunca derivó en la remoción efectiva de un jefe de Gabinete.