Cinco días después de la cadena nacional en la que Javier Milei anunció sanciones a las petroleras que operan cerca de las Islas Malvinas, la causa se transformó en el eje excluyente de la agenda política y ya no da señales de agotarse. Lo que arrancó como un golpe de efecto comunicacional derivó en una seguidilla de definiciones concretas —y en una serie de frentes que el propio Gobierno no había anticipado.

La denuncia penal contra Navitas

El movimiento más reciente lo dio la Casa Rosada anoche: confirmó que presentará una denuncia penal contra Navitas, empresa de capitales israelíes, y otras compañías por presunta exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

El dato no es menor: se conoció horas después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera públicamente a Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las islas y avance con sanciones contra el Reino Unido mientras dure la ocupación. Un cruce inesperado que el Gobierno capitalizó rápido en sus redes oficiales.

Lo que anunció Milei el jueves

El mensaje del 3 de septiembre, grabado desde el Salón Blanco y acompañado por todo el gabinete, Martín Menem y Patricia Bullrich, incluyó tres ejes: sanciones más duras contra empresas que operen sin autorización de Buenos Aires, la construcción de una base naval en Ushuaia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. El proyecto de ley que reforma la 26.659 ya está redactado y se espera que ingrese al Congreso esta semana.

La oposición no se quedó callada

Acá aparece el dato político más interesante: la oposición acompañó el discurso pero devolvió la pelota con una catarata de pedidos que no estaban en los planes de la Casa Rosada. Piden desde suprimir beneficios fiscales a empresas británicas hasta revisar quiénes están adheridos al RIGI —lo que destapó una denuncia incómoda: Southern Energy, con un 15% de capital de Harbour Energy (ex Premier Oil, inhabilitada desde 2013 hasta 2028 por violar la ley 26.659), estaría gozando de los beneficios del régimen de grandes inversiones pese al antecedente. La denuncia es del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El nombre que nadie esperaba: Elsztain

Otro costado llamativo de esta semana fue la salida pública de Eduardo Elsztain para explicar su participación, desde 2005, como accionista minoritario de la Falkland Islands Company. El empresario sostuvo que su apuesta buscaba estrechar lazos con las islas para reforzar el reclamo de soberanía y que en 2017 intentó ampliar esa posición, pero el Reino Unido se lo bloqueó.

La lectura política de fondo

En el oficialismo lo viven como un golpe de efecto que les devolvió el control de la agenda —lo dicen sin filtro fuentes de Casa Rosada citadas por la prensa nacional. Para la oposición más dura, en cambio, es “oportunismo electoral” a metros de 2027, como definió el expresidente Alberto Fernández, quien calificó la cadena nacional de show y cuestionó la capacidad de despliegue militar del país.

Un análisis que circula fuerte en la city porteña —firmado por Luciana Vázquez en LA NACION esta madrugada— compara el “envión Malvinas” con el salvataje financiero de octubre pasado: dice que puede tratarse de un salvavidas que, mal manejado, termine pesando más de lo que flota.

Lo cierto es que, con el correr de los días, la causa Malvinas dejó de ser un golpe de efecto aislado para convertirse en la principal batalla de agenda de la segunda mitad del año electoral 2027 que ya empezó a jugarse.

Fuentes: LA NACION, Infobae, CNN en Español, Argentina.gob.ar