El miércoles 21 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del régimen de Zona Fría con 132 votos afirmativos. El Gobierno celebró, la oposición protestó, y millones de argentinos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe empezaron a calcular cuánto más van a pagar de gas este invierno. La respuesta, según los propios datos oficiales: entre un 42% y un 100% más.
La iniciativa revierte la Ley 27.637, sancionada en 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández, que había ampliado los beneficios del régimen histórico a más de una docena de provincias. La lógica del kirchnerismo en aquel momento era política: más municipios beneficiados, más votos potenciales. Nadie lo discute. Esa ley fue, en buena medida, un regalo electoral envuelto en papel de ley.
Pero de ahí a concluir que la reforma de Milei es pura técnica y cero oportunismo hay un trecho largo. Y ese trecho está pavimentado de datos incómodos.
“Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague.” — María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía. Lo que no dijo: quién define quién puede pagar, y con qué criterio.
El argumento del oficialismo tiene sustento: el frío de Ushuaia no es el mismo que el de Rosario. La Patagonia, Malargüe y la Puna seguirán con sus beneficios históricos. Para el resto se crea el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que en teoría protegerá a los hogares vulnerables. En teoría.
Y luego está el contexto. La reforma no llegó sola: se aprobó junto a la Ley Hojarasca de Sturzenegger, en la misma semana en que una disposición del Ejecutivo eliminó otros $110.000 millones en partidas energéticas del Tesoro. El patrón es difícil de ignorar: se recorta, se recorta, y se recorta de nuevo, y cada recorte viene con una justificación técnica impecable.
La sesión misma fue un manual de negociación criolla. El oficialismo llegó al miércoles con los votos justos, y no sobraron. Para completar el quórum de 129 diputados hubo que convencer a la radical monobloquista Karina Banfi y a representantes de Provincias Unidas. Pero el dato más revelador es otro: el Gobierno negoció en paralelo con seis provincias —Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Salta— subsidios para electricidad en verano a cambio de sus votos. Una suerte de “zona cálida” no oficial, negociada en los pasillos dos días antes de la sesión.
Una política energética racional no se negocia en los pasillos 48 horas antes de la sesión. Un ajuste fiscal urgente, sí.
El bloque cordobés de Provincias Unidas votó en contra. La representación patagónica quedó dividida, con diputados de Río Negro y Neuquén tomando posiciones opuestas. La geografía política de la votación dice casi tanto como el contenido de la ley.
El proyecto avanza ahora al Senado, donde el peso de las provincias afectadas es mayor y el oficialismo no tiene mayoría propia. Ahí la negociación se volverá más costosa, en todos los sentidos. El invierno, mientras tanto, ya llegó.
hdp traidores a no olvidar a los que dieron fueron quoron y votaron a favor de de la quita del subsidio.