LAS CAJAS PROVINCIALES SE VACIARON

El desequilibrio fiscal que acumularon 17 provincias en 2025 no es solo un número en un informe: determina si el maestro cobra a fin de mes, si la obra pública avanza o si el hospital tiene insumos.

En 2024, los gobernadores hicieron la tarea. Forzados por el ajuste del gobierno de Javier Milei —que recortó el 68% de las transferencias discrecionales y redujo la coparticipación en términos reales—, los distritos aplicaron su propia poda del 15% en el gasto. El resultado fue histórico: el consolidado provincial cerró con superávit por primera vez desde 2006.

Pero 2025 fue un año electoral. Los gobernadores compensaron el fuerte atraso salarial de los estatales, mantuvieron obra pública visible y absorbieron los costos de campaña. El gasto subió cerca de un 9%. Los ingresos apenas avanzaron un 3%.

LO QUE SIENTEN LOS CIUDADANOS

Los déficits no son abstractos. Cuando una provincia gasta más de lo que recauda, las primeras señales aparecen en el bolsillo de los trabajadores estatales y en la calidad de los servicios públicos.

LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS

El caso más extremo es Tierra del Fuego: su déficit financiero equivale al 16,4% de sus ingresos totales. La Patagonia concentra los tres distritos más comprometidos, pero el problema se extiende a Buenos Aires y al interior.

Solo siete provincias lograron mantenerse con superávit, aunque todas registraron un deterioro respecto a 2024:

LA SOLUCIÓN QUE TIENE UN COSTO

Ante la emergencia de liquidez, el Ministerio de Economía habilitó anticipos financieros para doce provincias. En la práctica: plata prestada por la Nación que se cobrará con descuentos automáticos de coparticipación antes de fin de 2026.

EL HORIZONTE 2026

En el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas nacionales cayeron un 6,4% real. La coparticipación neta acumuló un desplome del 7,4% real solo en marzo. El IVA y Ganancias —que representan el 94% de la masa coparticipable— retroceden por el estancamiento del consumo y cambios en los anticipos de empresas.

El IARAF calculó que cada argentino aportó el equivalente a $765.264 al esfuerzo fiscal en los últimos dos años, vía la merma acumulada en transferencias coparticipables y discrecionales.

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