La mesa chica de la CGT terminó de reunirse y el mensaje que bajó es quirúrgico: la ley se aprueba el viernes, se publica el sábado y el domingo Javier Milei la presenta como trofeo político. El lunes, arranca la contraofensiva sindical.
Según la síntesis que circula entre dirigentes, la central obrera prepara una demanda de inconstitucionalidad contra parte del articulado y un pedido de medida cautelar para frenar su aplicación inmediata. En el foco: la declaración de “servicios esenciales” y lo que consideran una violación del derecho de huelga.
La escena está servida. El Gobierno busca mostrar orden y poder. La CGT judicializa para ganar tiempo y volumen político. No es solo una discusión técnica: es un choque de modelos sobre el rol del Estado y los límites del conflicto laboral.
La ley puede salir. Pero la pelea recién arranca en Tribunales.