La semana dejó dos escenas que se superponen. Ariel Lijo viajó a París con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el marco de una agenda vinculada al GAFI. En simultáneo, el Gobierno firmó un decreto para flexibilizar el mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema, eliminando requisitos de publicidad y participación ciudadana establecidos desde 2003, incluyendo la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional.
Ninguna de las dos escenas es inocente. Lijo no es un juez cualquiera para la Casa Rosada: fue su candidato frustrado para la Corte y hoy tiene en su juzgado la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Mahiques, a su vez, no es sólo el ministro de Justicia: es el operador central de la arquitectura judicial que el oficialismo busca construir. Que ambos compartan agenda mientras el Gobierno reforma por decreto el procedimiento para integrar el máximo tribunal no es una coincidencia menor.
El decreto es, en rigor, la respuesta a una derrota. El Senado rechazó los pliegos de Lijo y de García-Mansilla. En lugar de reconstruir consensos, Milei elige reducir filtros y concentrar más poder de designación en el Ejecutivo.
Ahí está la paradoja que el oficialismo prefiere no nombrar: el Gobierno que prometió terminar con la casta judicial necesita ahora de los mismos engranajes que decía combatir. Y el juez que investiga a su jefe de Gabinete acaba de viajar a Europa con su ministro de Justicia.
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