Buenos Aires, 24 de julio de 2026
Hay un número que este año no entra en el balance oficial: 29,6%. Es la proporción del crédito otorgado por billeteras virtuales que las familias argentinas no están pagando. En noviembre de 2024 ese mismo indicador era 7,3%. En un año y medio se multiplicó por cuatro y perforó el techo que había dejado la pandemia, cuando en mayo de 2020 tocó 27,1% con el país cerrado y la actividad congelada.
El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina elaborado sobre la base del Central de Deudores del BCRA. Y viene acompañado de otros que ordenan el cuadro: la morosidad del sector privado con los bancos llegó a 7,6% en mayo, tras diecinueve meses consecutivos de suba desde el piso de 1,5% de octubre de 2024. Adentro de ese promedio, las empresas pasaron de 0,7% a 3%. Las familias, de 2,5% a 12,3%. Sumando bancos y billeteras, la mora de los hogares se ubica en 15,5%.
Cinco millones ochocientos mil
La foto por personas es más elocuente que la de porcentajes. De 20,9 millones de deudores registrados en el sistema, 5,8 millones están en situación irregular. De ese total, 3,4 millones deben solamente a billeteras virtuales, 1,3 millones solamente a bancos y 1,1 millones a ambos tipos de entidad. Contra febrero de 2024, la cantidad de morosos creció 76%.
El desglose por producto confirma dónde se rompe la cadena de pagos: a abril de 2026, los préstamos personales acumulaban una irregularidad de 14,9% y las tarjetas de crédito de 12,5%. Entre ambos explican el 73% del saldo irregular total.
Y hay una dimensión generacional que conviene mirar con atención. Casi cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años están en mora. En el segmento de 20 a 24 años, el 41,1% presenta irregularidades con billeteras virtuales; entre los de 18 y 19 años, el 37,6%. Son montos chicos —el tramo más joven explica apenas el 3,8% del dinero adeudado— pero representan el 10% de las personas morosas. Traducido: no es una crisis de grandes deudores, es una crisis de muchísima gente debiendo poco y no pudiendo pagarlo.
El mapa también habla. Cuyo y el NOA concentran los peores registros —La Rioja encabeza con 22,8% y San Luis la sigue con 20,1%—, mientras la región central y la Patagonia austral muestran un desempeño menos comprometido. La Pampa aparece como la jurisdicción con menor morosidad, en 9,1%.
La disputa por la explicación
Acá empieza la rosca. Porque sobre los mismos números hay dos lecturas y ninguna es inocente.
El Gobierno atribuye el fenómeno a decisiones individuales de endeudamiento y a fallas en la evaluación de riesgo por parte de bancos y fintechs. Es una explicación que ubica el problema en la conducta del deudor y en la letra chica de las entidades, no en el modelo. El CEPA sostiene lo contrario: el factor principal es la pérdida de ingresos reales. Según el informe, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída de 8,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei; con una metodología alternativa basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, la pérdida trepa a 18,7%.
Hay un tercer elemento que ninguna de las dos versiones discute: el precio del dinero. Con inflación viajando al ritmo del 30% interanual pero tasas reales fuertemente positivas, las cuotas dejaron de licuarse. Estimaciones privadas ubican la tasa real promedio del crédito al consumo cerca del 58%. La consultora Equilibra calcula que la mora del crédito al sector privado se quintuplicó en apenas dieciocho meses y que los deudores en problemas pasaron de 2,4 a 5,8 millones de personas.
Es decir: la deuda que en la Argentina inflacionaria se diluía sola, ahora hay que pagarla. Y con salarios que no recuperaron.
Del Cendeu al Congreso
El expediente ya salió de las planillas del Banco Central y entró en la agenda política. En Diputados, Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas buscan avanzar con un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento de las familias. La coincidencia entre esos tres bloques no es menor: es exactamente la aritmética que viene complicándole al oficialismo la sanción de sus propias leyes.
Para el Gobierno, el tema es incómodo por partida doble. Primero porque contradice la narrativa del PBI en alza y la desinflación consolidada: se puede tener récord de actividad y récord de mora al mismo tiempo, y eso es precisamente lo que está pasando. Segundo porque el segmento más golpeado —los menores de 25 años, usuarios intensivos de apps financieras— es el mismo que en 2023 explicó buena parte del voto libertario.
Ese es el punto que conviene anotar de cara a 2027. La economía va a ser la variable que ordene la elección, y no tanto por el índice de precios sino por lo que pasa en el resumen de la tarjeta. Las herramientas de contención existen y se sostienen —desde los planes de refinanciación bancaria hasta esquemas como la tarifa social del agua que el ERAS mantiene vigente para hogares con dificultades económicas—, pero son parches sobre un problema de ingresos.
Y en política, el malestar económico no siempre se traduce donde uno espera. Ya se vio en el fenómeno de imagen que estudiamos en el caso Bregman, la dirigente que sube mientras todos caen: el hartazgo puede canalizarse por afuera de los canales previstos. Y también alimenta el ensayo de recambios dentro del propio universo oficialista, como el que sobrevuela en el operativo Hadad para 2027.
Por ahora, el número está ahí. 29,6%. Y no lo puso la oposición: lo publicó el Banco Central.