La delegación argentina expuso esta semana ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo antilavado, en un plenario que se desarrolla en la sede de la OCDE y reúne a representantes de más de 200 jurisdicciones. El viaje se extendió entre el 15 y el 19 de junio.
La comitiva la encabezó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Lo acompañaron los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello, el titular de la Dajudeco Tomás Rodríguez Ponte —exsecretario del juzgado de Lijo y candidato a juez federal de Lomas de Zamora— y el presidente de la UIF, Matías Álvarez. En la foto oficial también aparecen el embajador argentino en París, Ian Sielecki, y Giles Thomson, próximo titular del GAFI.
¿Por qué importa? Tras la evaluación mutua de 2024, Argentina quedó bajo un régimen de seguimiento intensificado que la obliga a reportar avances cada año; el próximo informe debe presentarse en diciembre de 2026. El país necesita mostrar progreso para no retroceder en su calificación y sostener su aspiración de ingresar a la OCDE.
En ese marco, Mahiques mantuvo una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028, donde se abordaron el fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La futura conducción del organismo valoró la presencia de representantes del Poder Judicial en la delegación.
Hasta ahí, la versión técnica. El amor francés viene por otro lado. La presencia de Mahiques y Lijo en París generó un ruido político inevitable: Lijo es, precisamente, el magistrado que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos irregulares con proveedores del Estado. Ambos se alojaron en el mismo hotel de la avenue Marceau y tenían previsto regresar a Buenos Aires en el mismo vuelo, todo en plena negociación por los pliegos de Comodoro Py.
Desde el entorno de la comitiva bajaron el tono: aclararon que a Lijo no lo invitó el Gobierno sino la propia organización internacional, en su condición de juez federal. No trascendió si durante el viaje ambos conversaron sobre la causa.