En la Cámara de Diputados, el oficialismo logró por amplia mayoría la media sanción del proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Desde hace décadas, diversas organizaciones, especialistas y juristas explican con claridad por qué no es efectiva la sanción de leyes que encierran a las personas a edades cada vez más tempranas. No se trata de ideología ni de posiciones partidarias; al contrario, existe evidencia fáctica basada en investigaciones y experiencias reales: no da resultado. El efecto es el inverso. Los jóvenes salen peor de los penales, o mueren en ellos.
Para que el aislamiento de una persona que cometió un delito —tenga la edad que tenga— resulte en una tarea eficiente de instrucción penitenciaria, debe realizarse en lugares acordes al objetivo: infraestructura adecuada, profesionales especializados en reinserción social y contención. Luego, debe existir la oportunidad de reinsertarse sin estigmas. Para esto se requiere presupuesto, equipos interdisciplinarios y voluntad política. ¿Acaso este gobierno cuenta con algo de eso?
Es sabido que los hijos de las élites —como los de Mauricio Macri o Eduardo Costantini— no son vistos como “pequeños delincuentes”. Son niños que asisten a colegios bilingües, crecen en ambientes cuidados, están bien alimentados y cuentan con acceso al deporte y al ocio. Entonces, ¿a quién está dirigida esta ley que busca encarcelar a chicos cada vez más jóvenes? Exacto: está dirigida a los hijos de la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables.
¿Suena a criminalización de la pobreza? Por supuesto que sí.
A todo esto, ¿dónde está José Luis Espert?
SP.