La salida de Juan Bautista Mahiques rumbo al Ministerio de Justicia nacional abrió un movimiento clave en la estructura judicial de la Ciudad. El lugar quedó en manos de Javier Martín López Zavaleta, fiscal de carrera y hasta ahora número dos del Ministerio Público Fiscal porteño.
Abogado de la UBA y especialista en ciberdelincuencia, López Zavaleta hizo prácticamente toda su trayectoria dentro del sistema judicial de la Ciudad. Fue fiscal penal contravencional desde 2013, luego fiscal especializado en delitos informáticos, secretario general de gestión del MPF y en 2019 fue promovido por el propio Mahiques a Fiscal General Adjunto, posición desde la cual manejó buena parte de la administración interna del organismo.
Su llegada al máximo cargo no fue una sorpresa dentro del mundo judicial porteño. Era considerado el sucesor natural de Mahiques y un funcionario técnico con fuerte conocimiento de la estructura del Ministerio Público, que coordina más de un centenar de fiscalías y define la política criminal de la Ciudad en temas sensibles como narcomenudeo, usurpaciones, violencia de género y delitos informáticos.
Pero detrás de la designación también aparece la trama política. López Zavaleta forma parte del ecosistema judicial del PRO, históricamente vinculado al operador Daniel “Tano” Angelici, uno de los armadores con mayor influencia en tribunales durante los gobiernos de Mauricio Macri y que mantiene peso en el entramado judicial porteño.
Su perfil además lo conecta con el área de seguridad de la Ciudad. En 2024 fue designado director del Instituto Superior de Seguridad Pública, la escuela de formación de la Policía de la Ciudad, lo que lo integró al circuito de gestión de seguridad urbana del gobierno porteño.
El movimiento también deja ver una continuidad política: mientras Mahiques pasa a ocupar un rol clave en el gobierno nacional de Javier Milei, López Zavaleta queda al frente de la fiscalía porteña, manteniendo el control de una de las estructuras judiciales más importantes de la Ciudad. En los hechos, la transición consolida un puente entre el ecosistema judicial del PRO y el nuevo escenario político nacional.