La campaña antigripal 2026 comenzĂł con fricciones visibles entre la NaciĂłn y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, NicolĂĄs Kreplak, denunciĂł pĂșblicamente demoras en la entrega de vacunas por parte de la cartera nacional que encabeza Mario IvĂĄn Lugones, sembrando la idea de faltantes en pleno arranque de la campaña.
Sin embargo, lo que efectivamente ocurre es un esquema de distribuciĂłn mĂĄs gradual y escalonado a nivel nacional âno exclusivo de la provinciaâ, al que se suma el inicio tardĂo de PAMI, que incrementĂł la demanda de forma imprevista. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires, CĂłrdoba y Entre RĂos vienen administrando las dosis con mayor orden y previsibilidad desde el 9 de marzo.
El problema no es la tensiĂłn en el sistema: es el rol que elige jugar Kreplak. El ministro bonaerense tiene un patrĂłn consolidado: ante cualquier conflicto sanitario, abandona la gestiĂłn silenciosa y se instala en los medios con una narrativa de crisis. Ya lo hizo con el dengue, donde anticipĂł escenarios alarmantes para 2025 que nunca se materializaron en la magnitud anunciada. Ahora repite el libreto: denuncia, amplificaciĂłn, advertencias. Una operaciĂłn mediĂĄtica que Ă©l maneja con soltura, pero que contrasta con los datos del terreno: en la provincia, la aplicaciĂłn de vacunas viene siendo irregular y, en varios distritos, por debajo del ritmo de las propias entregas. MĂĄs volumen frente a las cĂĄmaras que capacidad de ejecuciĂłn en territorio.
La cuestiĂłn de fondo es mĂĄs seria que un cruce polĂtico entre funcionarios. Denunciar fallas del sistema federal es legĂtimo, incluso necesario. Pero hay una diferencia entre señalar problemas para resolverlos y escalar el conflicto para ocupar la escena. Cuando la salud pĂșblica se convierte en un escenario de disputa mediĂĄtica permanente âdonde el incentivo es generar ruido y no ordenar la respuestaâ, las consecuencias no son solo polĂticas. La percepciĂłn de crisis sanitaria, aunque estĂ© construida sobre tensiones reales, afecta la conducta de la poblaciĂłn, erosiona la confianza institucional y genera alarma innecesaria. En salud, ese costo no es abstracto.