La implosión del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas no es solo un problema sanitario: es un capítulo más en la disputa por el control político y presupuestario de las estructuras de Defensa y Seguridad. La fragmentación en nuevas obras sociales dejó al descubierto una caja devastada, deudas millonarias con prestadores y una cadena de decisiones administrativas que hoy nadie quiere asumir como propias. En el centro de la escena aparece el ministro de Defensa, Luis Petri, a quien sectores internos de las Fuerzas señalan como responsable político del deterioro, no necesariamente por ejecución directa, pero sí por conducción y supervisión en un esquema que terminó explotando. La crisis, así, dejó de ser técnica para convertirse en una disputa de poder.
El malestar en las Fuerzas Armadas no es solo por la pérdida de cobertura médica o los coseguros impagables: es por la sensación de abandono institucional. Oficiales y suboficiales —activos y retirados— interpretan que el desguace del sistema fue una decisión vertical que no contempló el impacto operativo ni el simbólico. En paralelo, efectivos de fuerzas federales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedaron atrapados en una zona gris administrativa, con exigencias médicas obligatorias pero sin claridad sobre quién responde por la cobertura. La lectura interna es clara: cuando la salud se vuelve un problema individual, el vínculo de lealtad con la conducción política se erosiona.
La salida elegida —dividir el sistema en nuevas estructuras para “ordenar” las cuentas— desescala el conflicto financiero inmediato, pero no recompone la confianza. No le gusta a nadie: ni a los militares que sienten que perdieron una obra social histórica, ni a los federales que temen quedar en un sistema más chico y con menos espalda, ni a la conducción política que carga ahora con el costo del ajuste. La crisis del IOSFA deja una enseñanza incómoda: cuando el poder administra mal una caja sensible, el problema no es solo presupuestario, es de autoridad. Y reconstruir autoridad es mucho más difícil que firmar un decreto.