26 de agosto de 2026
El ministro de Economía presentó este miércoles el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, un esquema por $2 billones que sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Y para explicarlo, Luis Caputo eligió una palabra que no suele aparecer en su vocabulario: “Para este gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social: nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla”, dijo en la conferencia del quinto piso del Palacio de Hacienda.
La frase no es improvisada ni nueva. Caputo ya la había usado en diciembre, cuando el Banco Nación entregó su hipotecario número 20.000: “Esto es justicia social”, había dicho entonces. La diferencia es que esta vez la sostuvo apelando a un concepto que forma parte de las tres banderas históricas del justicialismo, junto con la independencia económica y la soberanía política — un terreno simbólico que hasta ahora el gobierno prefería dejarle al peronismo.
El mecanismo, en criollo: los bancos podrán competir por fondos del FGS constituidos como plazos fijos ajustables por UVA más un spread, con dos tramos —uno a un año con spread mínimo de 2,50% y otro a cinco años con 4,50%— y el compromiso de prestar después a una tasa que no supere UVA + 7,5%. La primera licitación, la semana que viene, mueve $200.000 millones.
El propio ministro puso el diagnóstico sobre la mesa antes de que se lo reclamen: el stock de crédito hipotecario argentino apenas representa 2 puntos del PBI, contra 27% en Chile y hasta 75% en Estados Unidos. Y contó la historia detrás de ese número — de los Bonex al corralito, pasando por default y expropiaciones — como explicación de por qué nadie en la Argentina ahorra pensando en un crédito a 20 años.
El objetivo declarado son 18.000 créditos para primera vivienda, de unos USD 80.000 promedio. Pero el contexto inmediato no acompaña: en los primeros siete meses de 2026 se otorgaron 14.715 préstamos hipotecarios, un 39% menos que los 24.271 del mismo período de 2025.
Y ahí es donde el relato empieza a tensionarse con la calculadora. Para una propiedad de USD 106.667 financiada al 75%, la cuota inicial estimada ronda los $865.098, lo que exige un ingreso familiar neto de $3.460.391 por mes. Son números que, para buena parte de los “trabajadores con trabajo” que Caputo menciona en su definición de justicia social, quedan bastante lejos del recibo de sueldo.
Lo que todavía no está claro es si el problema que resuelve este programa es el del acceso a la vivienda o el del descalce de plazos bancario, que fue el otro argumento técnico que dio Caputo: los bancos prestan a 15, 20 o 30 años con depósitos que en general no superan el mes. Ese, a diferencia de la justicia social, es un problema de ingeniería financiera — y probablemente el que el esquema resuelve con más precisión.