23 de mayo de 2026 – Paraná, Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio envió esta semana a la Legislatura provincial el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, coronando meses de negociación con gremios estatales. El texto llegó con el respaldo formal de los sindicatos y con la promesa de no tocar los derechos de los jubilados actuales. Pero detrás del clima de acuerdo hay un dato que lo explica todo: la Caja está en emergencia financiera y el problema se arrastra desde hace décadas.
Un trabajo de la Universidad Católica de La Plata ubica a Entre Ríos, junto con Santa Cruz, entre las provincias donde el déficit previsional tiene mayor incidencia sobre el gasto provincial, rondando o superando el 10%. El propio mensaje del Ejecutivo que acompaña el proyecto reconoce que el desequilibrio sigue siendo “aún muy significativo”, incluso después de dos convenios firmados con ANSES en 2024 y 2025 que le reportaron a la provincia 26.000 y 48.000 millones de pesos respectivamente.
UN DESEQUILIBRIO QUE NACIÓ EN LOS 90
El origen del problema tiene nombre y fecha. En los años 90, el entonces gobernador Mario Moine aceptó que la Nación traspasara los servicios de salud y educación sin la contrapartida de fondos correspondiente. La Caja recibió miles de nuevos agentes sin aportes previos, a quienes debió jubilar en las mismas condiciones que el resto. El desequilibrio estructural quedó instalado.
A ese punto de partida se sumó una edad jubilatoria que no se actualizó desde hace más de treinta años. Según relevamientos sobre más de 110 sistemas previsionales del mundo, la edad de retiro masculina vigente en Entre Ríos se ubica entre las 16 más bajas del planeta. Hay sectores de la administración que pueden pedir el retiro a los 52 años.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO
La iniciativa mantiene el 82% móvil sobre el sueldo bruto y ratifica que la movilidad seguirá atada a las paritarias estatales. Ningún jubilado actual verá modificado su haber. Para los trabajadores en actividad, la meta de largo plazo es alcanzar 35 años de aportes y 65 de edad de forma indistinta, con la edad subiendo en fracciones de seis meses por año hasta 2046. Para los nuevos ingresantes al Estado, la edad de retiro será directamente de 68 años.
EL ESPEJO DE OTRAS PROVINCIAS, CON RESULTADOS DISPARES
El proyecto reproduce casi en espejo las reformas de Santa Fe y Córdoba. En Santa Fe, el gobierno celebra que la reforma “salvó el sistema” y redujo el déficit a la mitad. En Córdoba, en cambio, el gobierno de Llaryora debió prever un déficit de 830.000 millones de pesos para 2026 y, en diciembre pasado, presentó un nuevo proyecto de emergencia. La conclusión incómoda: hacer “todos los deberes” no alcanzó para equilibrar el sistema cuando la Nación dejó de cubrir el rojo en la proporción de antes.
LAS VOCES CRÍTICAS
El proceso no fue en calma absoluta. En una etapa anterior varios sindicatos realizaron medidas de fuerza. La Multisectorial en Defensa de la Caja propone financiar el déficit mediante progresividad tributaria sobre rentas extraordinarias, argumentando que la jubilación es salario diferido y no gasto público. Desde la oposición, senadores del PJ presentaron un pedido de informes para saber si existen condicionamientos nacionales vinculados a los cambios en la edad jubilatoria.
El Senado sesionará la próxima semana y allí el proyecto tomaría estado parlamentario. Lo que sigue es la negociación legislativa sobre una reforma que, más allá del consenso de superficie, todavía tiene capítulos abiertos.