La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei llegó al Senado y abrió una negociación que va más allá de lo técnico. El proyecto fija seis meses de período de prueba, crea un fondo al que las empresas aportarían el 3% de la masa salarial para cubrir despidos, elimina la ultraactividad de los convenios colectivos y permite que los acuerdos por empresa tengan prioridad sobre los de actividad. Además, deroga la Ley 27.555 de teletrabajo y varios estatutos especiales, como el de periodistas y viajantes.
En paralelo, el oficialismo encuadra la iniciativa dentro de un paquete económico más amplio. La ley reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativas del 35 al 31,5% y del 30 al 27%, recorta 3 puntos las contribuciones patronales y baja del 6 al 5% el aporte de obra social. El mensaje oficial es que la combinación de menor carga impositiva y mayor flexibilidad laboral busca incentivar inversiones y reducir la informalidad, que ronda el 50% del mercado de trabajo.
La discusión central se trasladó al Senado, donde gobernadores, bloques provinciales y espacios “dialoguistas” pueden definir el texto final. Cada artículo es objeto de enmiendas y borradores cruzados entre despachos, en un clima de rosca intensa pero sin números asegurados.
Del otro lado, la CGT y el peronismo anticiparon rechazo y preparan una estrategia que combina movilización y acciones judiciales. Para el sindicalismo, la reforma recorta derechos adquiridos y debilita la negociación colectiva; para el Gobierno, actualiza un marco legal que considera obsoleto. El resultado de esta paritaria legislativa marcará el nuevo equilibrio entre Estado, empresas y sindicatos en el mundo del trabajo argentino.