El Senado avanzó en diciembre con el trámite de la reforma laboral impulsada por el oficialismo y logró un dictamen que habilita el salto al recinto. Sin embargo, el tratamiento quedó corrido para el verano: la fecha que se menciona en la agenda parlamentaria es el 10 de febrero de 2026, en el marco de un eventual nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
Presión sindical y calle activa
La discusión legislativa llegó precedida por una señal de fuerza del sindicalismo. El 18 de diciembre de 2025, la CGTencabezó una movilización contra el proyecto, con el argumento de que la iniciativa afecta derechos laborales y herramientas de negociación, en particular en puntos sensibles como régimen de huelga, condiciones de trabajo e indemnizaciones.
Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que el texto apunta a “modernizar” el marco laboral y reducir rigideces para favorecer el empleo formal, un eje que el oficialismo viene presentando como parte de su paquete de reformas estructurales.
Por qué se pateó a febrero
La postergación no fue sólo administrativa: refleja que el oficialismo aún necesita terminar de ordenar votos y administrar el costo político. Las coberturas parlamentarias marcaron que la negociación sigue abierta y que distintos sectores reclaman modificaciones antes de llegar al recinto.
A ese cuadro se suma un factor de clima interno: el conflicto por la AGN. La designación de auditores en Diputados, cuestionada por el PRO y otros bloques, derivó en una escalada política y judicial que tensó la relación entre aliados circunstanciales y dejó al Congreso funcionando con menor “margen de confianza” para acuerdos grandes.
Qué se juega de acá al 10/02/2026
Con la fecha de febrero en el horizonte, el debate entra en una etapa clásica de “doble negociación”:
- Texto: qué cambios acepta el oficialismo sin desarmar el núcleo del proyecto.
- Números: qué bloques acompañan y bajo qué condiciones, especialmente tras el episodio AGN.
- Calle: cuánto impacto puede tener la presión sindical en senadores y gobernadores.
El Gobierno terminó 2025 con un logro parcial —el dictamen—, pero la instancia decisiva quedó diferida. Febrero definirá si la reforma laboral llega al recinto como un acuerdo político razonable o como un choque de poder entre calle, Senado y alianzas parlamentarias.