El anuncio no fue tĂ©cnico ni moderado. Fue polĂtico. Julio Piumato decidiĂł activar un paro de judiciales y convertir el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires en un nuevo foco de conflicto abierto.
DetrĂĄs del reclamo formal âdefensa de derechos laborales, estabilidad y autonomĂa judicialâ hay algo mĂĄs profundo: una disputa de poder. El gremio entiende que el traspaso no es neutro, que redefine quiĂ©n manda, quiĂ©n nombra, quiĂ©n administra y, sobre todo, quiĂ©n condiciona el fuero laboral.
Desde el sindicato hablan de un proceso âapresuradoâ, sin consensos reales y con riesgos concretos para los trabajadores. Pero en la lectura polĂtica, el mensaje va dirigido a otro destinatario: el sistema polĂtico que intenta ordenar la Justicia sin pagar costos.
El paro funciona asà como advertencia y demostración de fuerza. Advertencia de que el conflicto puede escalar. Y demostración de que, aun en tiempos de ajuste y narrativa anti-corporativa, los judiciales siguen teniendo capacidad de daño.
El trasfondo no es menor. El fuero laboral es sensible, estratĂ©gico y simbĂłlico. Toca sindicatos, empresas, Estado y conflictividad social. Mover esa pieza sin blindaje polĂtico es abrir un frente innecesario. Piumato lo sabe. Y por eso acelera.
La pregunta que empieza a circular en Tribunales y despachos oficiales no es si habrĂĄ mĂĄs medidas, sino hasta dĂłnde estĂĄ dispuesto a llegar cada actor. Porque una cosa es un traspaso administrativo y otra muy distinta es hacerlo con los juzgados parados.
Cierre rosquero:
En la Argentina, la Justicia puede reformarse. Pero si se la toca sin acuerdo, siempre responde con conflicto. Y esta vez, el paro es apenas el primer aviso.