La política migratoria dejó de ser un debate de derechos y pasó a ser una herramienta de poder. En la Ciudad, Jorge Macri ensayó el prólogo con el “prioridad porteño”: seguridad, orden y expulsión del extranjero que delinque. No fue norma, fue mensaje. Y los mensajes, en política, abren camino.
El salto real lo dio Javier Milei con el DNU 366/25. Ingreso más duro, residencia controlada, servicios condicionados y deportaciones administrativas más ágiles. La Justicia marcó un límite quirúrgico: declaró inconstitucional solo el tramo de ciudadanía. No volteó el decreto; lo podó. Traducción política: el andamiaje operativo sigue en pie y puede aplicarse.
El contexto regional acelera. En Chile, José Antonio Kast promete un endurecimiento aún mayor. Si aprieta, parte del flujo migratorio irregular buscará desvíos. Argentina entra en el radar.
¿La respuesta libertaria? Tres llaves: frontera más exigente, requisitos económicos y sanitarios claros, y expulsión rápida del irregular. No hay “ICE argentino” con nombre propio, pero el modelo ya está en marcha. Es cuestión de tiempo y decisión política.