La sorpresiva renuncia de Marcos Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) detonó un sacudón político que va mucho más allá de una dimisión técnica en un organismo técnico. La noticia, confirmada este lunes por fuentes oficiales del organismo, llegó en un momento delicado para el Gobierno y reabrió un debate clave: ¿quién controla cómo se mide la inflación en Argentina?
Lavagna, economista con trayectoria política y figura respetada en el sector técnico, ocupaba el cargo desde diciembre de 2019. Su gestión sobrevivió al cambio de administración tras las elecciones de 2023 y fue ratificada por el actual Gobierno, algo poco común en organismos estadísticos en tensión con el Ejecutivo.
Lo que hace a esta renuncia más que un simple cierre de ciclo es el contexto en el que ocurre: apenas días antes de que el INDEC publicara los primeros resultados de un nuevo método para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —la herramienta principal para captar la inflación real de los hogares argentinos.
El Gobierno decidió postergar indefinidamente la aplicación de esa nueva metodología, lo que fue confirmado por el ministro de Economía como resultado de “diferencias de criterio” entre Lavagna y la Casa Rosada sobre el momento de implementarla. Según la versión oficial, el cambio debería esperar hasta que el proceso de desinflación esté consolidado.
Pero en el terreno de la política, la postergación del nuevo IPC tiene otra lectura. Ese índice actualizado, basado en canastas más modernas y recomendaciones internacionales, podría reflejar subas de precios más altas de las que venían mostrando los números tradicionales. Ese salto, justo antes de dar a conocer los datos de enero, habría puesto en jaque el relato económico oficial.
Algunos analistas no descartan que la renuncia de Lavagna haya sido, en los hechos, una respuesta indirecta a presiones políticas para dilatar la medición del impacto real de los precios en los hogares argentinos, en un año electoral y económico complejo.
La carta de despedida de Lavagna, difundida tras su anuncio, se mantuvo en términos institucionales: agradeció por los avances del organismo y habló de “una etapa que se cierra después de enormes desafíos”. Pero el silencio sobre los motivos concretos, combinado con la decisión del Gobierno de frenar el nuevo índice, abrió un enorme espacio de especulación pública.
En círculos políticos y entre economistas la pregunta que circula es directa: ¿se sacrificó la actualización metodológica de la estadística pública por un cálculo político? ¿O la salida de Lavagna fue fruto de un choque real de visiones sobre cómo y cuándo mostrar la verdadera evolución de los precios en la economía argentina?
Mientras el INDEC queda momentáneamente sin su titular y con una polémica abierta sobre la credibilidad de los datos, el Gobierno busca transmitir una imagen de normalidad institucional. Sin embargo, la política y los mercados miran con atención: en la crudeza de las estadísticas está también el pulso de la economía real, y quién las mide puede cambiar percepciones, decisiones y escenarios electorales.
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