Jorge Macri tomó una decisión que dialoga con el clima de época.
La sociedad ya no quiere intermediarios eternos ni estructuras que administran la pobreza como un sistema propio. Quiere orden, control, Estado directo. En ese punto, el jefe de Gobierno lee bien lo que pasa afuera del Palacio.
El problema no es la decisión.
El problema es quién la ejecuta.
Cuando la herencia no es solo un relato
El sistema de comedores que hoy el Gobierno porteño expone como irregular, opaco y desordenado no apareció de la noche a la mañana. Es una arquitectura que viene, al menos, desde la gestión de María Migliore.
Y el dato incómodo es este:
el actual ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, no llegó ayer para auditar.
Está en el ministerio desde agosto de 2023, primero bajo Larreta y luego ratificado por Jorge Macri.
Eso cambia todo.
La pregunta que nadie puede esquivar
Si hoy se denuncian comedores fantasma, raciones infladas y falta de control, la pregunta es inevitable:
¿Dónde estaba el ministro mientras todo eso pasaba?
Y ahí aparece la paradoja del control:
auditar lo que uno mismo gestionó.
Dos hipótesis. Las dos lo complican.
Primera hipótesis:
Mraida no sabía.
Entonces estamos ante un ministro que no controló el área social más sensible de la Ciudad durante más de dos años.
Segunda hipótesis:
Mraida sabía, pero no actuó.
Entonces toleró —por inercia, conveniencia o miedo al conflicto— lo que hoy se presenta como escándalo.
No hay una tercera vía elegante.
Ignorancia u omisión. En ambos casos, fracaso de gestión.
Separar la decisión del ejecutor
Es clave no confundir planos.
La línea que impulsa Jorge Macri no es ideológica: es pragmática. Menos intermediación, más trazabilidad, más Estado presente sin gerentes de la pobreza.
Eso no es ajuste.
Es orden.
Pero el orden necesita coherencia.
Y no se puede denunciar una herencia mientras se sostiene a quienes la administraron.
El conflicto que expone la debilidad
El cruce con Juan Grabois terminó de poner el foco donde duele. Cuando la discusión pasa del sistema al barro personal, el desgaste no lo paga el jefe de Gobierno: lo paga el ministro.
En política social, cuando el conflicto escala, alguien queda como fusible.
Y ese fusible ya tiene nombre.
Funcionarios que no funcionan
La Ciudad puede —y debe— discutir cómo se asiste, cómo se controla y cómo se llega directamente al que necesita.
Lo que no puede es hacerlo con funcionarios que no funcionan, cuadros que estuvieron, administraron y hoy se presentan como sorprendidos.
La sociedad ya eligió: no quiere gerentes de la pobreza.
Ahora falta una decisión más incómoda: dejar de sostener a quienes administraron el problema que dicen haber descubierto.