El 30 de diciembre de 2004 no fue solo una noche trágica. Fue el punto final de una cadena previa de decisiones, omisiones y tolerancias que se acumularon en silencio. Detrás de cada una de las 194 personas que murieron, hubo familias, proyectos de vida, historias que quedaron suspendidas para siempre. Esa es la dimensión humana que nunca puede perderse de vista.
Cromañón marcó a una generación entera. No solo a quienes estuvieron allí o perdieron a alguien, sino también a una sociedad que descubrió, de la peor manera, que el Estado puede fallar incluso en su función más básica: proteger.
La Justicia investigó y sancionó responsabilidades penales. La política, por su parte, asumió —a través de mecanismos institucionales— que también existe una responsabilidad política, distinta pero inseparable de la judicial. No porque la política “mate”, sino porque gobierna, y gobernar implica controlar, prevenir y actuar antes de que el daño ocurra.
La enseñanza de Cromañón no es ideológica ni partidaria. Es estructural.
Las habilitaciones no son simples papeles administrativos.
Las inspecciones no son trámites menores.
El control estatal no es un obstáculo para la actividad privada: es una condición para que la vida pueda desarrollarse sin riesgo.
Cuando esas funciones se degradan —por desidia, desorden o corrupción— el resultado no es abstracto. Es concreto, irreversible y siempre humano.
Recordar Cromañón hoy no es señalar con el dedo, sino elevar el estándar. Es exigir que quienes gestionan entiendan que cada firma, cada omisión y cada “mirar para otro lado” tiene consecuencias reales. Es decir, con respeto y sin estridencias, que la memoria también es una forma de cuidado.
Cromañón nos dejó una herida abierta, pero también una obligación colectiva:
que el Estado nunca vuelva a fallar donde la vida depende de su presencia.
Esa es la memoria que honra. Esa es la política que vale la pena.